MiFID II, ¿más transparencia para el pequeño inversor?

El pasado 3 de enero comenzó la aplicación de un nuevo marco regulatorio sobre mercados e instrumentos financieros basados en las directiva MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive), y en el reformado reglamento MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation). Se trata de una nueva vuelta de tuerca de la Directiva 2014/65/EU (MiFID), cuyo objetivo es reformar la protección al inversor, aumentando la transparencia en la comercialización de productos financieros y de inversión. La creación de la figura de un asesor profesional y la eliminación de los incentivos son algunas de las novedades que introduce la nueva directiva, con las que se pretende garantizar que los intereses del cliente estén por encima de los comerciales de las redes de distribución y gestoras.

Entre las características de la MiFID II podemos destacar los siguientes aspectos clave:

Test de idoneidad. Además de valorar los conocimientos y experiencia previa del inversor, la entidad debe analizar sus objetivos de inversión y su situación financiera. El objetivo es que los productos financieros complejos no lleguen a manos de inversores minoristas que no tengan una tolerancia al riesgo alta, para evitar problemas como el de las preferentes de algunas entidades. Por ejemplo, los depósitos estructurados pasarán a considerarse instrumentos financieros, por lo que se extremará su control.

Transparencia. Las entidades que vendan fondos u otros productos financieros deberán informar a los clientes de los gastos que acarrean con más detalles que hasta ahora. La transparencia no sólo se aplicará antes de contratar un servicio de asesoramiento o de vender un fondo. También deberán ser más claros los informes periódicos. Además se deberán registrar las comunicaciones con los clientes en las que se les asesore.

El hecho de que el foco esté centrado en el cobro de incentivos por asesoramiento, supondrá magnífica oportunidad para dar una mayor visibilidad a las gestoras independientes frente al producto tradicional bancario.

Asesoramiento. El modelo de distribución de los fondos tendrá que cambiar este año, porque las entidades deberán determinar qué tipo de servicio prestan. Existirá el servicio de “sólo ejecución”, en el que no hay asesoramiento y se ofrece sólo el acceso a productos. Es lo que hacen, por ejemplo, las plataformas de fondos. En él no hay consejos a los inversores, sólo se les da una vía para comprar distintos fondos. En este servicio, el cliente paga por la operativa.

Los bancos, firmas de banca privada o asesores financieros tendrán que determinar si son independientes o no independientes. Los primeros no podrán cobrar incentivos por la venta de fondos. Hasta ahora, las gestoras ceden a los comercializadores de sus fondos más del 60% de las comisiones en concepto de incentivos, lo que se conoce como retrocesiones en el sector. Mifid II considera que hay un conflicto de intereses en esos incentivos, por lo que la única forma de prestar un servicio independiente será renunciar a las retrocesiones y cobrar al inversor por ello, pero de forma directa, no de tapadillo, como ocurre ahora con las comisiones de venta.

La inmensa mayoría del sector se inclinará por declararse no independiente. Estos últimos sí podrán seguir cobrando incentivos, pero sólo si demuestran que mejoran la calidad del servicio. Una forma de hacerlo será ofrecer al menos un 25% de fondos de terceras gestoras en las propuestas a los inversores.

Esto es toda una revolución para el sector, ya que en la mayoría de las oficinas bancarias apenas se ofrecían hasta ahora productos que no sean de la gestora del propio grupo financiero. Si los bancos quieren seguir cobrando incentivos tendrán que abrir las puertas a fondos de otras gestoras.

Se podría seguir cobrando retrocesiones si se presenta a los clientes un informe anual detallado de seguimiento de las propuestas de inversión. Los bancos señalan que es un servicio demasiado costoso que no podrán ofrecer a todos los clientes.

Formación. MiFID II impone nuevos requisitos de formación para los empleados que prestan asesoramiento. Los trabajadores de la banca que no tengan el certificado podrán seguir con su trabajo durante dos años acompañados de otro profesional que sí cuente con él.

Código LEI. MiFID II obliga a las empresas aque operan en el mercado a disponer del código LEI, su nuevo DNI. Europa ha dado seis meses de prórroga para adaptarse a él.

A pesar de lo que diga la frase hecha, la banca no siempre gana. El sector financiero pidió a Economía durante meses que incluyera un supuesto que le permitiera cobrar incentivos en la venta de fondos, con la intención de mantener el status quo sin tener que ofrecer fondos de otras gestoras. Sin embargo, el Gobierno ha sido fiel al texto de la directiva europea MiFID II y no ha abierto la mano con esta petición de la banca. Por tanto, las entidades, acostumbradas en su mayoría a ofrecer a los clientes sólo productos propios o, como mucho, algún fondo internacional a clientes con altos patrimonios, se verán obligadas a ampliar la gama de los productos con fondos de terceros.

Tal y como se indica al inicio de este post, esta MiFID II entró en vigor el pasado 3 de enero. El plazo inicial para transponer la directiva se prorrogó para un grupo de doce países (entre los que se encuentra España) un año, del 3 de junio de 2016 hasta el 3 de julio de 2017, pero estos doce países “no ha incorporado las normas a su legislación nacional o no las ha incorporado plenamente”. En el caso de España, el Consejo de Ministros aprobó a finales de diciembre a través de un Real Decreto-Ley una parte de la transposición de esta directiva al ordenamiento jurídico español, concretamente la relativa a centros de negociación (mercados regulados, sistemas multilaterales de contratación y sistemas organizados de contratación).

El caso es que una vez más nos encontramos a la cola de la Unión Europea y la Comisión Europea ha amenazado este jueves con llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) si en un plazo de dos meses no transpone las disposiciones que todavía no ha trasladado a la legislación.